El anuncio del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se presentó como clave para destrabar el ingreso de moneda dura a una Argentina crónicamente sedienta de reservas. Sin embargo, la radiografía que devuelve el balance cambiario del Banco Central contrasta con las expectativas oficiales. Los números muestran un escenario dominado por la especulación financiera de corto plazo y una persistente desconfianza del sector privado, dejando en evidencia que los problemas de inversión del país no se borran con una ley de beneficios impositivos.
Al observar el interior de la cuenta financiera, la promesa de dólares frescos para la minería, la energía y la tecnología choca contra la realidad. La inversión extranjera directa —el capital genuino que se «hunde» en la economía real para levantar fábricas e infraestructura— se ha mantenido anémica, registrando incluso salidas netas. La única inyección significativa de capital extranjero ocurrió recién en octubre de ese año, con un pico extraordinario de 1.924 millones de dólares. Pero este ingreso no llegó para comprar tornos o tractores; se trató de inversión de portafolio. Fueron, en su mayoría, capitales «golondrina» atraídos por el carry trade y las altas tasas en pesos, fondos que entran para capitalizar una ganancia rápida y que tienen alta sensibilidad frente a episodios de volatilidad cambiaria.
Asimismo, los ahorros de los argentinos no se están transformando en inversión y tienden a canalizarse hacia activos dolarizados. Esta situación queda expuesta en el rubro de compra-venta de billetes y divisas sin fines específicos, que funciona como el principal canal de drenaje para las reservas del Banco Central. En lugar de financiar la producción, los dólares se escurren hacia el atesoramiento en cajas de seguridad o cuentas en el exterior. A mediados de 2025, esta huida de capitales alcanzó niveles muy altos, marcando egresos mensuales que superaron los 5.400 y 6.500 millones de dólares en pleno pico de tensión de la cuenta financiera.
La transferencia de estos fondos fuera del sistema bancario local reduce la disponibilidad de crédito e impacta en el nivel de actividad del mercado interno. Esta situación expone una limitación estructural para la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): el programa requiere compromisos de capital a treinta años por parte de corporaciones internacionales, en un escenario donde los actores económicos locales retiran sus fondos del circuito productivo. La divergencia entre la búsqueda de capitales externos y la desinversión de los residentes indica que la efectividad del régimen depende de una estabilización macroeconómica previa. La viabilidad del programa está condicionada a la generación de condiciones que incentiven al sector privado local a destinar sus recursos a la producción y la infraestructura, reduciendo la dependencia del dólar como instrumento de ahorro.
Sin embargo, reducir el estancamiento de las inversiones únicamente a la dolarización de los ahorristas resulta un diagnóstico incompleto. El freno responde también a inconsistencias macroeconómicas. En el sector empresarial de mayor peso, la demora en el levantamiento del cepo cambiario es señalada como la principal barrera de contención. Para las grandes empresas, una ley que promete la libre disponibilidad de utilidades a futuro carece de credibilidad si debe ejecutarse bajo un esquema vigente de severos controles de capitales.
A este escenario se le suman deficiencias estructurales críticas. Los cuellos de botella en la infraestructura de transporte en zonas estratégicas como Vaca Muerta limitan la capacidad real de exportación, obligando a muchas firmas a postergar decisiones de inversión bajo la cautelosa premisa de “esperar y ver”.
Por otro lado, el diseño del propio régimen se enfrenta al impacto asimétrico que genera en el tejido productivo y el consumo local. Mientras el RIGI blinda a las multinacionales con exenciones tributarias, aduaneras y cambiarias por décadas, las PyMEs argentinas —que son uno de los principales generadores de empleo formal— deben competir con una alta presión fiscal y lidiar con un mercado interno en fuerte retracción. La falta de cláusulas robustas de «compre nacional» o de desarrollo de proveedores locales hace temer la consolidación de una «economía de enclave»: plataformas extractivas con altos niveles de rentabilidad que funcionan como islas, desconectadas del resto de la industria tradicional y sin generar el encadenamiento productivo prometido.
Finalmente, más allá del esquema de controles, otro factor disuasivo es el nivel actual del tipo de cambio real. Con una inflación local que sistemáticamente ha superado el ritmo de devaluación, la economía experimenta encarecimiento en dólares. Esta apreciación cambiaria impacta de manera directa en la estructura de costos iniciales de cualquier megaproyecto: los inversores extranjeros que podrían ingresar divisas encuentran que su capital rinde cada vez menos para hacer frente a salarios, insumos y obras de infraestructura en el país. En consecuencia, esta pérdida de competitividad de los costos locales termina erosionando la rentabilidad proyectada de las inversiones productivas, operando como un ancla que neutraliza, en la práctica, gran parte de los beneficios tributarios ofrecidos por el RIGI.
