Resumen Ejecutivo
La configuración económica actual se encuentra transitando hacia la consolidación de la denominada «Fase de Remonetización». Este esquema, delineado por las autoridades económicas, se sustenta sobre la base de un ancla fiscal, una política de intervención orientada a la recomposición del stock de reservas internacionales y la implementación operativa del sistema de ajuste cambiario indexado, conocido técnicamente como esquema T-2. El análisis de los datos correspondientes a febrero revela una macroeconomía que opera bajo tensiones estructurales, caracterizada por una marcada divergencia entre cierta estabilidad de las variables financieras y la persistente debilidad de los indicadores de la economía real.
En el plano estrictamente financiero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha mantenido una postura de compra en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), logrando acumular compras netas por un total de USD 1.555 millones durante el mes de febrero. Esta dinámica ha permitido que las reservas internacionales brutas de la autoridad monetaria asciendan a USD 46.683 millones, dotando al programa económico de mayor liquidez para gestionar las expectativas devaluatorias. No obstante, este stock resulta aún insuficiente para afrontar los próximos compromisos de deuda externa sin comprometer el nivel de reservas netas operativas. Simultáneamente, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras se ha mantenido comprimida en niveles bajos, mientras que el Riesgo País se resiste a bajar a un nivel que resulte en la vuelta a los mercados de crédito internacionales. Este comportamiento del riesgo soberano tiene relación, a su vez, con el alineamiento geopolítico y el soporte financiero derivado de los recientes acuerdos bilaterales con el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales han actuado como un paraguas frente a la volatilidad.
Sin embargo, al desplazar el foco de análisis hacia la economía real y el frente fiscal, las señales de vulnerabilidad son visibles. La recaudación tributaria de febrero, según los datos oficiales informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), registró una contracción del 9% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, marcando el séptimo mes consecutivo de retroceso en los ingresos del fisco. Esta dinámica contractiva en la recolección de tributos es el reflejo contable directo de un nivel de actividad económica que continúa deprimido. Las encuestas de actividad industrial y comercial convergen en un diagnóstico de estancamiento, donde la tracción de la demanda agregada seguirá baja.
En materia de formación de precios, la inercia inflacionaria presenta un desafío para la convergencia nominal del programa económico. Se prevé que se ubicará en un rango de entre el 2,3% y el 2,7% para febrero.
Para el empresariado y específicamente para la conducción estratégica de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), este entorno macroeconómico exige una adaptación táctica y estructural. El desafío actual radica en operar rentablemente en un ecosistema de márgenes estrechos, caracterizado por una demanda interna en franca contracción, un encarecimiento sostenido de los costos regulados y operativos (particularmente por la eliminación de subsidios a las tarifas energéticas) y negociaciones paritarias que exigen recomposiciones salariales en un contexto de baja (o nula) ganancia donde además, se necesita recomposición salarial para impulsar la demanda.
Contexto Internacional
La inserción de la economía argentina en el sistema financiero y comercial global durante el primer bimestre de 2026 se encuentra condicionada por tres vectores exógenos: la calibración de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), las disrupciones geopolíticas por la guerra y la volatilidad estructural en los precios internacionales de las materias primas.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal ha consolidado una postura de cautela estratégica en la administración del costo del dinero a nivel global. Tras los sucesivos recortes de tasas ejecutados durante la segunda mitad del año 2025, la tasa de fondos federales se ha mantenido inalterada en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%. La resiliencia demostrada por el mercado laboral estadounidense, combinada con una inflación subyacente que converge hacia la meta del 2% a un ritmo más lento de lo anticipado, ha disuadido a la autoridad monetaria de acelerar el ciclo de relajación cuantitativa. Esta pausa prolongada en la flexibilización monetaria reafirma el paradigma de tasas de interés «más altas por más tiempo» (higher for longer), obligando a los mercados a recalibrar sus modelos de valuación de activos.
El diferencial de tasas sigue siendo lo suficientemente elevado como para mantener la fortaleza del dólar estadounidense a nivel global, lo cual ejerce una presión deflacionaria sobre el precio de los commodities exportables y exige a las economías periféricas, como la argentina, mantener primas de riesgo domésticas atractivas para evitar la salida de flujos de capital transfronterizos.
En este marco, el FMI mantiene una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 4,0% para Argentina en 2026, condicionada a la profundización de las reformas estructurales y la acumulación de reservas.
Simultáneamente, el escenario global se ve tensionado por la persistencia del conflicto bélico en Europa del Este, que ha entrado en una fase de desgaste estructural impactando directamente en la logística de suministros. Esta situación mantiene una prima de riesgo geopolítico elevada sobre los costos de fletes y seguros internacionales, dificultando la planificación de costos para las PyMEs importadoras de insumos industriales.
A la prolongación del conflicto en Europa del Este, se suma el agravamiento de las tensiones diplomáticas y militares con Irán, lo que ha reintroducido una prima de riesgo por suministro en el mercado del crudo. La amenaza latente de disrupciones en las principales rutas de tránsito marítimo de hidrocarburos ha generado una volatilidad estructural en los precios internacionales de la energía.
Por otro lado, la dinámica del comercio exterior enfrenta un nuevo desafío ante la implementación de aranceles selectivos aplicados por las principales potencias económicas. Este giro hacia un proteccionismo más agresivo, bajo la premisa de la seguridad nacional y la relocalización de cadenas de valor (nearshoring), genera un entorno de incertidumbre para la colocación de manufacturas de origen industrial. Para Argentina, este sesgo arancelario global representa una barrera adicional que exige una mayor eficiencia en los costos de producción doméstica para mantener la competitividad en mercados externos que hoy se presentan más cerrados y volátiles.
Para más análisis del escenario global, podés acceder a nuestro Informe de Contexto Internacional – Febrero 2026, publicado el pasado 1 de marzo
Política fiscal: tensión estructural en la dinámica de recaudación
La arquitectura de la política fiscal opera como un ancla importante en el programa de estabilización macroeconómica implementado por el gobierno nacional. La sostenibilidad intertemporal del superávit financiero del Sector Público Nacional se ha erigido como la variable clave que garantiza la solvencia del Estado y mejora la credibilidad institucional ante los inversores y propicia la compresión sostenida del Riesgo País. No obstante, el análisis minucioso de los resultados de ejecución y recaudación correspondientes al mes de febrero de 2026 expone la creciente vulnerabilidad que implica basar el proceso de consolidación fiscal casi exclusivamente en la contracción de las erogaciones primarias, frente a un ciclo económico que exhibe rasgos recesivos.
Los datos oficiales proporcionados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indican que la recaudación de tributos nacionales totalizó la suma de $16.2 billones durante el mes de febrero. Esta cifra representa un crecimiento nominal del 20,1% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, al aplicar el deflactor correspondiente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor para obtener la variación a precios constantes, el guarismo se traduce en una contracción real estimada de entre el 8% y 10%, dependiendo de la inflación de febrero. Este retroceso estadístico reviste gravedad, en tanto marca el séptimo mes consecutivo de caída real en los ingresos del fisco nacional, evidenciando la retracción del consumo masivo y la menor actividad del sector industrial productivo. En la perspectiva del acumulado del primer bimestre del año (enero-febrero), los ingresos tributarios ascendieron a $34,5 billones, una variación interanual del 21,1% consolidando una disminución real aproximada del 9% ajustada por el efecto de la inflación.
El análisis desagregado de los principales componentes de la matriz tributaria permite identificar con precisión las fuentes sectoriales que explican la contracción de los ingresos públicos.
El desempeño de los gravámenes vinculados al comercio exterior ha sido el factor de mayor detrimento para las arcas públicas. Es fundamental comprender que esta dinámica contractiva no responde primordialmente a una disminución en los volúmenes físicos exportados por el complejo agroindustrial, sino a la política explícita de reducción de alícuotas implementada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Por el lado de las importaciones, el IVA Aduanero se contrajo 16,1% reflejando una alta base de comparación frente al año anterior, la reducción a tasa cero (0%) para la importación de ciertos bienes de tecnología y telefonía, y un entorno generalizado de baja inversión productiva en maquinaria y bienes de capital de origen extranjero.
Al analizar los impuestos procíclicos vinculados al desempeño del mercado interno, la fragilidad de la macroeconomía se hace evidente. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) Impositivo, considerado el termómetro ineludible del consumo masivo y la actividad transaccional minorista, exhibió un crecimiento nominal de apenas el 28,4%. En términos reales cayó entre 2 y 4 puntos en el comparado interanual deflactado.
Los informes técnicos de ARCA atribuyen una porción significativa de este letargo recaudatorio al incremento sustancial del acogimiento de deuda corriente por parte de los contribuyentes a diversos planes de facilidad de pago, lo que difiere el ingreso efectivo de liquidez a la caja del fisco. Esta regularización diferida de pasivos impositivos es un síntoma inequívoco del estrés de liquidez que atraviesan las tesorerías corporativas y, muy especialmente, las de las PyMEs, las cuales optan por financiarse con el ente recaudador ante la imposibilidad de afrontar sus obligaciones corrientes en un contexto de caída de ventas. Paralelamente, el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (conocido como Ley del Cheque) también retrocedió en términos reales, afectado adicionalmente por la existencia de tres días hábiles menos en el mes calendario respecto a febrero de 2025, distorsionando la comparación interanual.
La persistente caída real de la recaudación tributaria somete a la regla inquebrantable del superávit financiero aumentan la tensión en el programa económico. Ante ingresos fiscales que experimentan caídas superiores al 9% en términos de poder adquisitivo, el mantenimiento del equilibrio en las cuentas públicas requiere, por definición algebraica, una contracción equivalente o superior en la ejecución del gasto público primario. Esta dinámica restringe la capacidad del Estado Nacional y de las administraciones subnacionales (provincias y municipios) para ejecutar políticas económicas de carácter anticíclico, inversión en obra pública o estímulos al consumo. En consecuencia, la responsabilidad de la tracción de la demanda agregada y la eventual reactivación económica recae sobre el dinamismo del sector privado exportador, la recomposición del crédito bancario y la inversión privada local o la concreción de proyectos asociados a la Inversión Extranjera Directa (IED).
La sostenibilidad social y política de este modelo de ajuste continuo en la fase recesiva del ciclo constituye el principal interrogante que los mercados financieros monitorean de cara a la segunda mitad del año.
Política monetaria y cambiaria
El mes de febrero de 2026 consolidó operativamente la arquitectura monetaria y cambiaria diseñada por el equipo económico para gestionar la transición hacia un régimen de unificación de los mercados de divisas. Bajo la premisa de mantener un sesgo contractivo sobre los motores de emisión monetaria de origen fiscal, la autoridad monetaria ha permitido una pequeña expansión de la base monetaria traccionada exclusivamente por una parte no esterilizada de la absorción de divisas del sector externo, configurando parte del programa de la «fase de re-monetización».
El BCRA ha mantenido una posición compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios aprovechando la estacionalidad cambiaria y los flujos derivados del sector exportador. Durante las ruedas operativas de febrero, la entidad monetaria acumuló compras netas por un total de USD 1.555 millones, superando holgadamente la marca registrada en el mes de enero (USD 1.157 millones) y consolidando, en el acumulado del primer bimestre del año, ingresos netos por la suma de USD 2.712 millones.
Este desempeño va en sintonía con el cumplimiento del objetivo trazado por el gobierno y el FMI: acumular un volumen de USD 10.000 millones netos a lo largo del año calendario 2026. La concreción de esta meta de acumulación es considerada por los analistas financieros y el propio FMI como la condición sine qua non para habilitar la flexibilización definitiva de los controles de capital (cepo cambiario) sin exponer a la moneda doméstica a episodios de volatilidad disruptiva. Como resultado de estas operaciones de mercado abierto, las reservas internacionales brutas finalizaron el mes de febrero posicionadas en USD 46.683 millones, previo a los descuentos por cierre del mes.
El mercado de cambios comercial operó íntegramente bajo el nuevo esquema de deslizamiento cambiario indexado, conocido convencionalmente como mecanismo T-2, el cual fue implementado operativamente desde principios de enero de 2026. Este régimen normativo establece que el ajuste de las bandas de flotación del dólar oficial, y por ende la tasa de devaluación mensual, se fija en función directa a la inflación general registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) exactamente dos meses antes. El objetivo primordial de este diseño institucional es estabilizar la evolución del Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), en un intento de bajar el riesgo del atraso cambiario.
Sin embargo, la persistencia del TCRM no mejoró y evidencia que, en contextos de la inflación de diciembre, enero y febrero, el mecanismo T-2 actúa como un ancla nominal insuficiente desde el punto de vista de la competitividad de monedas. El esquema actual no logra compensar la presión inflacionaria presente, el tipo de cambio bajó erosionando los márgenes de rentabilidad de los sectores transables y consolidando una apreciación cambiaria que tensiona la balanza comercial de bienes.
Al cierre de febrero, el tipo de cambio oficial mayorista (regido por la Comunicación A 3500 del BCRA) operó en un valor de referencia en torno a los $1.420 por dólar, mientras que el resto de las cotizaciones se mantuvieron alrededor de ese valor.
La brecha cambiaria, es decir, la divergencia porcentual entre el tipo de cambio comercial administrado y las cotizaciones financieras de libre flotación, ha permanecido sólidamente contenida en rangos técnicamente nulos o históricamente mínimos. Los denominados dólares financieros, como el Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y el Contado con Liquidación (CCL), operan en niveles de convergencia con la paridad oficial, con el MEP cotizando en torno a los $1.424. Esta convergencia nominal ha desarticulado con éxito las expectativas corporativas de una devaluación de salto discreto en el corto plazo, desincentivando maniobras perjudiciales de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. Esta compresión persistente de la brecha constituye un éxito del programa de estabilización financiera, un logro sostenido en gran medida por la oferta continua de divisas derivada de la liquidación de las exportaciones a través del mercado financiero (cosecha fina con volumen de trigo récord), toma de deuda de las provincias e YPF y por la succión de liquidez generada por las estrategias de carry trade de los inversores institucionales, quienes continúan capitalizando el diferencial entre la tasa de interés en pesos y la expectativa de devaluación.
El éxito prolongado de la fase de remonetización depende de una recomposición genuina y sostenida de la demanda de saldos reales de dinero por parte de los agentes económicos. Según los últimos registros oficiales del BCRA, la Base Monetaria en su definición más amplia alcanzó a fines de febrero la suma de $42,6 billones.
Simultáneamente, la estructura de tasas pasivas del sistema financiero reflejó que la tasa BADLAR en pesos, aplicable a depósitos mayoristas de bancos privados, cerró el mes promediando niveles del 30,8% de Tasa Nominal Anual (TNA). Al capitalizar este rendimiento a treinta días, se obtiene una Tasa Efectiva Mensual (TEM) que se sitúa en torno al 2,5%.
La convivencia de este nivel de costo del dinero con la dinámica inflacionaria actual plantea a las autoridades un dilema de sintonía fina. Por un lado, desde la perspectiva del ahorrista y la contención cambiaria, una TEM del 2,4% logra empatar virtualmente con el ritmo de inflación subyacente y con la pauta de devaluación administrada por el esquema T-2. Este equilibrio garantiza el mantenimiento de un rendimiento real marginalmente neutro, lo que por el momento está logrando evitar la fuga masiva de los depósitos en moneda nacional hacia posiciones dolarizadas o activos externos. Sin embargo, comenzó a subir nuevamente la compra de divisas por parte de argentinos.
Por otro lado, desde la perspectiva de la economía real, un costo de fondeo pasivo que permanece positivo en términos reales encarece de manera ineludible el crédito comercial y la financiación de capital de trabajo para las empresas. La estrategia de la política monetaria busca que el crédito bancario logre recuperarse orgánicamente a través de un efecto de «desplazamiento positivo» o crowding in, forzando a las entidades financieras a canalizar su liquidez excedente hacia préstamos al sector privado tras la agresiva política de eliminación de los pasivos remunerados e instrumentos de esterilización que tradicionalmente emitía el BCRA.
Perspectiva 2026
La fase macroeconómica de estabilización nominal enfrenta actualmente su prueba de resistencia más exigente en la manifiesta renuencia a la baja que exhibe la inflación núcleo o subyacente.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) confeccionado y publicado por el BCRA a principios del mes de febrero (con información recabada en los últimos días de enero) trazaba y proyectaba un sendero de desinflación optimista. El consenso de los analistas e instituciones participantes estimó que la inflación de enero se ubicaría en 2,4%, proyectando a su vez una desaceleración continua que llevaría el índice a perforar el piso estructural del 2% a partir del mes mitad de año.
Sin embargo, el IPC fue superior a lo planificado y a las expectativas relevadas por el REM. La medición de la inflación oficial correspondiente a enero fue de 2,9% situándose medio punto porcentual por encima de la mediana del REM. Para el mes de febrero, se anticipa que el índice de precios mensual se ubicará en un rango que oscila entre el 2,3% y el 2,7%.
Aún más elocuente sobre el estado del sentimiento público es el informe publicado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el cual reportó que la expectativa de inflación de la población en general para los próximos doce meses experimentó un salto, pasando del 31,5% registrado en la medición de enero al 35,7% en febrero.
Esta métrica reviste una importancia crítica para la gestión de expectativas: la inflación anualizada que anticipa el mercado y la ciudadanía (35,7%) triplica la pauta oficial del 10,1% que fue formalmente establecida y defendida en el texto de la Ley de Presupuesto Nacional 2026.
La persistencia del componente inflacionario halla su explicación causal en la ejecución de la recomposición de los precios relativos de la economía, traccionada por las rondas de ajustes en las tarifas de los servicios públicos energéticos, la actualización automática de los componentes impositivos sobre los combustibles, traslado de costos atrasados del 2025 y la existencia de un componente inercial resistente a la baja en los rubros sensibles de alimentos y bebidas no alcohólicas. La dinámica macroeconómica bajo la vigencia del mecanismo cambiario T-2 implica que, si la inflación se consolida y empantana en la zona del 2,4% – 3% mensual, la tasa de devaluación del peso en algún momento se va a trasladar. Esta depreciación nominal de la moneda encarecerá de forma directa e inmediata los bienes transables y los insumos productivos importados, generando un ciclo endógeno de retroalimentación inflación-devaluación que limita las probabilidades de lograr una convergencia hacia los estándares de inflación internacional.
La estabilidad exhibida por las variables y cotizaciones financieras contrasta con los indicadores provenientes de la economía real, los cuales exponen el desarrollo de una fase donde la mayoría de los sectores productivos orientados al abastecimiento del mercado interno están en caída o estancados en niveles bajos.
Análisis de escenarios
La trayectoria evolutiva de la economía de la República Argentina durante el transcurso de los próximos diez meses estará subordinada a la resolución del problema de la inercia inflacionaria núcleo y al comportamiento de los flujos internacionales que componen la cuenta financiera y cuenta corriente del balance de pagos.
Durante el primer mes del año, la cuenta corriente presentó un saldo negativo de USD 919 millones. Este resultado se debió fundamentalmente al peso de los servicios y el ingreso primario, cuyos egresos netos combinados superaron los USD 2.950 millones. Dicho déficit fue atenuado por el desempeño positivo de la balanza de bienes (USD 2.014 millones) y, en menor medida, por los ingresos secundarios.
A su vez, la cuenta financiera cambiaria resultó superavitaria por USD 3.147 millones. Dicho resultado se explicó por los superávits del “Sector Financiero”, de “Otros Movimientos Netos” y del “Gobierno Nacional y BCRA” por USD 1.668 millones, USD 1.363 millones y USD 584 millones, respectivamente.
Por el lado de los egresos, en la cuenta financiera, en enero, el saldo de las personas que compraron billetes fue negativo por USD 2.613 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,6 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 730 mil vendieron.
Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero continúa siendo muy bajos. Se registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por USD 197 millones en el mes de enero, explicado principalmente por los ingresos netos de los sectores “Minería” y “Energía” por USD 100 millones y USD 27 millones.
De cara al futuro, tres escenarios prospectivos
Presentamos tres trayectorias que sirven como marcos de referencia para la toma de decisiones. Cada escenario pondera de manera distinta las variables críticas.
1) Escenario base: ajuste y estabilización lenta
El Gobierno sostiene el superávit fiscal mediante recorte y licuación del gasto, mientras la inflación baja lentamente pero se mantiene en niveles todavía altos. La economía mejora poco y de forma desigual: crecen sobre todo el agro, la energía y la minería, mientras la industria PyME y el consumo interno siguen débiles. El Banco Central logra cierta acumulación de reservas y mantiene contenida la brecha cambiaria, pero no puede avanzar todavía hacia una salida completa del cepo. En este escenario, el conflicto en Medio Oriente no desaparece, pero tampoco escala de forma prolongada: su impacto sobre energía, logística y financiamiento externo existe, aunque se mantiene acotado. Ese contexto internacional más tenso enfría parte de las inversiones, pero no altera por completo la estrategia de estabilización. El antecedente reciente de ataques de EE.UU. a instalaciones nucleares iraníes y la persistencia de tensiones regionales justifican incorporar este riesgo externo, aun en un escenario relativamente ordenado.
2) Escenario optimista: recuperación rápida y mayor confianza
La estabilización macroeconómica logra generar confianza, atrae inversiones y mejora el acceso al crédito. La inflación desacelera con más fuerza, el crédito se expande y la economía rebota con dinamismo. La mejora financiera permite reactivar la inversión productiva y consumo de bienes durables, mientras el Gobierno avanza hacia una normalización cambiaria más ordenada. En este escenario, la guerra o la tensión geopolítica internacional se contiene rápidamente y no produce un shock persistente sobre petróleo, costos logísticos ni flujos de capital. Esa menor presión externa ayuda a sostener la baja de la inflación, evita sobresaltos cambiarios y favorece la entrada de inversión extranjera. La clave es que el frente internacional no agrega nuevas perturbaciones relevantes sobre una economía que ya venía frágil.
3) Escenario estresado: más inflación, estancamiento y tensión social
En este escenario, el conflicto bélico internacional se prolonga o se intensifica, elevando el precio de la energía, encareciendo la logística global y deteriorando el clima para la inversión. Eso agrava la salida de capitales, frena la inversión extranjera directa y refuerza la demanda de cobertura en dólares. Los aumentos de tarifas, combustibles y salarios mantienen alta la inercia inflacionaria. El esquema cambiario no logra frenar la inflación. La inflación mensual vuelve a acelerarse, aumenta la presión sobre el dólar y el Banco Central se ve forzado a endurecer la política monetaria. La economía queda estancada o entra en recesión, se debilita el entramado PyME, cae la recaudación y crecen las tensiones fiscales y sociales. La continuidad de tensiones con Irán tras la escalada militar del año pasado vuelve plausible este tipo de shock externo adverso.
