El panorama del consumo interno para el mediano plazo se encuentra condicionado por un esquema macroeconómico que restringe los canales de financiamiento y el circulante. La contracción de la base monetaria y la expansión nominal del crédito al sector privado por debajo del ritmo inflacionario imponen un límite material a la capacidad de gasto de los hogares.
Las variables monetarias y crediticias impactan en la economía real con un margen de rezago temporal. Por lo tanto, la escasez de dinero circulante y la pérdida de capacidad de apalancamiento que se observan en la actualidad son indicadores que anticipan de lo que sucederá en los próximos meses.
El análisis de los registros del Banco Central confirma la restricción de liquidez en el mercado interno. La base monetaria inició el año 2026 en 42.960.320 millones de pesos y en la medición actual se ubica en 40.960.320 millones. Esta absorción de dos billones de pesos retira circulante de la economía y afecta las operaciones comerciales diarias.
En paralelo, los préstamos al sector privado pasaron de 117.897.060 millones de pesos en enero a 128.011.749 millones aumentando un 8,5% anual. Si bien existe un incremento nominal, la tasa de expansión de este flujo de fondos no logra compensar el avance de los precios que aumentaron 12,3%, lo que consolida un retroceso del crédito en términos reales.
A esta dinámica financiera se incorpora la trayectoria de los ingresos, que registran una contracción acumulada del 30% en términos reales desde 2022.
El análisis interanual expone que la evolución salarial registró un rezago frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 4,5 puntos porcentuales en 2022 y de 62 puntos en 2023. Aunque las recomposiciones nominales posteriores generaron un diferencial positivo en términos reales del 29% en 2024 y del 5,6% en 2025, estas variaciones operaron sobre una base de ingresos ya deprimida, resultando matemáticamente insuficientes para compensar el deterioro acumulado durante el bienio anterior.
Durante el primer cuatrimestre de 2026, el IPC acumuló una variación del 12,33%. En contraste, el promedio de los indicadores salariales —compuesto por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el Índice de Salarios que elabora el INDEC— registró un avance del 7,3% al cierre del primer trimestre. Si bien existe un desfase temporal de un mes en la publicación de las series estadísticas, las mediciones privadas indican que la actualización salarial de abril es insuficiente para compensar el diferencial, sosteniendo la contracción del poder de compra en el período corriente.
A este escenario se añade una distorsión metodológica en las métricas oficiales. Las ponderaciones de la canasta del INDEC que estructuran el índice de precios no capturan las alteraciones recientes en los patrones de consumo de la población. Esta divergencia estadística produce una subestimación del impacto inflacionario sobre la estructura de gastos de los hogares, determinando que la contracción real del presupuesto familiar supera los registros formales.
El rubro vivienda ejemplifica esta asimetría: el costo de los alquileres absorbe en la actualidad una proporción del ingreso sustancialmente mayor a la asignada por la metodología vigente del IPC. Esta subrepresentación del gasto fijo en la medición oficial invisibiliza una restricción de liquidez aún mayor para las familias, limitando de forma directa el excedente disponible para el consumo de bienes y servicios en el mercado interno.
Frente a este escenario, las proyecciones para los próximos meses anticipan la continuidad de una demanda agregada en niveles mínimos. La combinación de una política monetaria contractiva, el retroceso del crédito en términos reales y un poder adquisitivo con daño estructural restringe el margen para cualquier recuperación del consumo en el corto plazo.
